A lo largo de toda una década este caso ha ido y venido de los juzgados y tribunales a la Corte y viceversa e, incluso, en su momento, una de sus vertientes generó el desafuero de AMLO
CASO DE NUNCA ACABAR Ni en juzgados ni en la Corte se ha podido definir si se le devuelve a la empresa el terreno o si se le paga la propiedad
(Foto: Archivo ELUNIVERSAL )
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CIUDAD DE MÉXICO | Jueves 25 de noviembre de 2010 Carlos Avilés | El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a mandar a "la congeladora" el juicio que enfrentan desde hace 10 años el Gobierno del Distrito Federal y la empresa Promotora Santa Fe, por dos porciones del predio El Encino que fueron expropiados desde el 2000.
A lo largo de toda una década este caso ha ido y venido de los juzgados y tribunales a la Corte y viceversa e, incluso, en su momento, una de sus vertientes generó el desafuero del ex jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Desde el 9 de noviembre de 2000, durante la administración de Rosario Robles, el Gobierno del DF expropió dos porciones del terreno, de 14 mil metros cuadrados, para construir las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, en la zona de Santa Fe.
Un par de años después, en abril de 2002 la empresa ganó un amparo para que se le devolvieran las porciones de su terreno que se le habían quitado, en virtud de que las autoridades capitalinas no comprobaron que la expropiación se hubiera realizado por una causa de utilidad pública, pues las vialidades sólo beneficiaron al Hospital ABC que está en esa misma zona exclusiva de Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa.
A partir de ese momento las autoridades capitalinas alegaron que no era posible devolver el terreno. Desde entonces ni en juzgados ni en la Corte se ha podido definir si se le devuelve a la empresa el terreno o si, en cumplimiento sustituto del amparo que ganó, se le paga la propiedad.
Para la sesión de hoy, el ministro Luis María Aguilar Morales, propuso pagarle el predio a la empresa, por ser la solución que mayor beneficio le genera a la sociedad. Pero su planteamiento fue desechado por seis votos contra cuatro.
Una vez que se desechó dicho proyecto, se ordenó elaborar un nuevo documento en el que se realicen otros peritajes para saber si el daño que se le ocasiona a la sociedad es mayor al beneficio que puede obtener la empresa con la devolución del predio.
Mientras tanto el caso volvió a quedar en la indefinición.
Para la elaboración del nuevo proyecto y conducir los peritajes necesarios se nombró al ministro José Ramón Cossío, uno de los integrantes de la mayoría que votó en contra de la propuesta de Aguilar Morales, y que argumentó carecer de los elementos necesarios para determinar si la devolución del predio en realidad le generaba un perjuicio mayor a la población, que el beneficio que pueda lograr la empresa.
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