Aprueba la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados un paquete de reformas en materia electoral, en las que se prevén de uno a 9 años de prisión a candidatos o precandidatos que utilicen fondos ilícitos
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un paquete de reformas en materia electoral que sancionará a los precandidatos y candidatos que reciban recursos de procedencia ilícita.
La reforma al artículo 406 del Código Penal Federal, destaca que quien "obtenga o utilice a sabiendas y en su calidad de candidato o precandidato, por si o por interpósita persona fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral se le impondrán de 1 a 9 años de prisión y de 200 a 400 días de multa".
El diputado federal del PRI y promotor de la reforma, Arturo Zamora, dijo que la iniciativa también plantea la misma sanción a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político, candidato o precandidato.
Al respecto el diputado federal del PRI, Josué Valdés Huezo expuso que con esta reforma se 'cierra la pinza' en contra de los recursos de procedencia ilícita en campañas y precampañas, además de que sanciona a quien use vehículos o aviones prestados por los delincuentes.
La reforma establece también sanciones a quienes condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político, candidato o precandidato.
Zamora dijo que la misma pena sería para quien destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, aeronaves, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político, de un candidato o precandidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.
La reforma establece igual sanción a quien proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos, a sus candidatos o precandidatos, a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.
Los cambios al artículo 412 del mismo código señalan que se impondrá prisión de dos a nueve años, al 'funcionario partidista' o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios.
"Se incluye el tema de las precampañas y no sólo de las campañas, para cerrar el paso a cualquiera en los mismo términos que motivan la reforma y adición del artículo 407, hace falta considerar en este artículo la inclusión de las precampañas electorales cuando ilícitamente en ellas se reciben o se aprovechan fondos o bienes para favorecer a precandidatos", apuntó.
En la reunión que fue presidida por el diputado Humberto Benítez Treviño, estuvo presente por ser integrante de la Comisión de Justicia, el legislador del PRD, Julio César Godoy Toscano, a quien la PGR vincula con el grupo delictivo 'La Familia', por su presunto apoyo en la campaña electoral que realizó para ganar una curul en San Lázaro.
gdh
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