Fin de la guerra antinarco, exigen ciudadanos en el pacto nacional...

Marcha por la Paz

Relación del movimiento con Calderón, entre los temas que más dividieron a los miembros de la caravana y ONG juarenses
Regreso del Ejército a los cuarteles y cancelación de la Iniciativa Mérida, otros asuntos centrales del acuerdo firmado ayer

Concentración en Ciudad Juárez en torno al poeta Javier SiciliaFoto Víctor Camacho

Alonso Urrutia y Rubén Villalpando

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 11 de junio de 2011, p. 2

Ciudad Juárez, 10 de junio. Las diversas organizaciones que conformaron la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y grupos de esta urbe fronteriza firmaron esta noche lo que llamaron el Pacto Nacional con Justicia y Dignidad. En su punto medular –aplaudido durante el acto publico– se planteó el fin inmediato de la estrategia de guerra y la desmilitarización de las funciones policiacas, así como el regreso de los soldados a sus cuarteles.

Asimismo, demandan cancelar la Iniciativa Mérida y otros proyectos de cooperación de políticas castrenses. Paralelamente, como parte de las estrategias a seguir se planteó impulsar el juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano.

Tras intensos jaloneos y discusiones sobre concepciones diferentes de los alcances de las acciones del movimiento, finalmente se firmó un acuerdo que incluyó nuevos temas, como la defensa de los derechos indígenas, la organicidad del movimiento y la reforma laboral.

Como parte de las acciones para consolidar el movimiento, se planteó la realización de una nueva caravana al sur del país para visibilizar la condición de violencia, pobreza y falta de desarrollo que prevalece en esa región nacional, si bien no se fijó la fecha para efectuarla.

Hacia las 22 horas de este viernes, finalmente firmaron el pacto, entre otros, el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el poeta Javier Sicilia; el padre Miguel Concha; Gonzalo Ituarte, ex vicario de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Oscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y algunas de las víctimas. Se acordó difundir el acuerdo –para luego realizar una consulta nacional–, que incluye también la exigencia de una nueva política social para los jóvenes que les amplíe sus expectativas, los derechos indígenas y el reclamo de avances en la democracia participativa para favorecer la realización de plebiscitos, referendos y consultas populares, así como incorporar a la ley la revocación de mandato.

Pese a que hacia el final la firma del pacto tuvo lugar en el parque donde se encuentra el monumento a Benito Juárez, se conoció que hubo un segundo documento que no se hizo público, que incluía todos los temas en que hubo disensos en las mesas de trabajo. Las diferencias entre las organizaciones que signaron el documento sólo pudo resolverse mediante un esquema que considera postergar la discusión de temas relacionados con la estrategia para su aplicación, y que habría sido colocado en otro documento de pendientes de discusión.

Sin embargo, los debates –en mesas privadas– para consensuar la aplicación del plan de acción reflejaron diferencias conceptuales respecto de dos temas medulares: los términos de la desmilitarización (salida inmediata del Ejército o mediante un proceso gradual) y los términos de la relación del movimiento con Felipe Calderón.

Inútil discutir con quienes provocan la violencia

En el primer caso, para algunas organizaciones de Ciudad Juárez y la Comisión Metropolitana contra la Militarización y la Violencia es inútil dialogar con los responsables de haber desatado la violencia y, en su caso, aceptar este diálogo estaría condicionado al retiro previo y total del Ejército. De lo contrario, sólo sería legitimar la estrategia militar calderonista.

Desde otra perspectiva, el retiro de tropas debe ser paulatino, porque es riesgoso el repliegue total cuando no hay capacidad de las corporaciones policiacas para asumir en lo inmediato la lucha contra el crimen organizado, pero en todo caso la determinación de empezar ya el repliegue militar y el cambio de estrategia debe asumirse como compromiso gubernamental en el corto plazo.

TIENDA DE RAYA OPINA...No es la guerra antinarco la causante de las 35,000 muertes de civiles en el combate a las drogas, EL VERDADERO CÁNCER DE MÉXICO ES LA IMPUNIDAD...¿CUÁNTAS FAMILIAS DESINTEGRADAS HAY EN MÉXICO PORQUE EL PADRE O LA MADRE DE FAMILIA ESTÁN PRESOS INJUSTAMENTE?...¿CUÁNTOS INDÍGENAS ESTÁN EN LA CÁRCEL POR NO HABLAR ESPAÑOL O NO SABER LEER Y ESCRIBIR?...¿CUÁNTOS POLÍTICOS CORRUPTOS VIVEN COMO REYES A COSTA DE LA POBREZA DE LOS CIUDADANOS?...
No tenemos cifras de afectados por la IMPUNIDAD....¿verdad?...


Si realmente aplicaramos la ley, no habría necesidad de matar a nadie...
CÁRCEL A FUNCIONARIOS CORRUPTOS SIN DISTINCION DE COLOR, Y VERÁN COMO MÉXICO SE COMPONE...
Usted apreciable lector...¿qué opina?