El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, Jorge Alarcón, advierte que las muertes trastocan la seguridad colectiva e individual del municipio y sus autoridades.
DESOLACIÓN. El municipio de Santiago recibía a unas 30 mil personas cada fin de semana. Desde 2009, sus habitantes empezaron a ser víctimas de plagios y extorsiones (Foto: )
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Lunes 27 de diciembre de 2010 Ignacio Alvarado Álvarez | El Universal
SANTIAGO, NL.— El profesor subió al estrado del auditorio municipal para dirigir su discurso a unos 300 estudiantes de primaria que habían acudido a cantar villancicos, vistiendo uniforme escolar y gorros de Santaclós. “Me alegra estar con ustedes porque aquí se fomenta la unidad familiar. No tengo dudas de que serán buenos ciudadanos. Y recuerden: Santiago los necesita. Nuevo León los necesita”, les dijo.
Bladimiro Montalvo Salas lleva tres meses fungiendo como presidente municipal sin habérselo propuesto. A comienzos de septiembre, días después del asesinato del alcalde Edelmiro Cavazos Leal, la mayoría del cuerpo de regidores lo propuso como sucesor y a las pocas horas el Congreso local votó casi en forma unánime a su favor. Es algo que Montalvo no esperaba. Es más, ni siquiera deseaba, confiesa.
“Quiero ser sincero: la noche previa a esto (la toma de protesta como alcalde) yo casi no dormí, y al amanecer le dije a mi esposa: ‘Dame un pretexto, dame un motivo para no estar en ese lugar’. ‘No —dijo ella—. Si Dios quiere, tú vas a estar allí, porque ya te va a tocar’”.
Montalvo es un hombre esbelto, de 1.80 de estatura, sólido para sus más de 70 años. Sus opositores dentro del cabildo argumentaban su falta de carisma y vitalidad para conducir los destinos del municipio, pero quienes lo apoyaron adujeron justo la sobriedad, que en el pasado le mereció respeto como miembro del magisterio y posteriormente como síndico, para entrar al relevo en medio de la peor crisis de seguridad que ha vivido el municipio.
Edelmiro Cavazos, de 38 años, fue privado de su libertad la madrugada del 16 de agosto pasado. Un grupo de hombres armados vestidos con uniformes de policía, llegó por él hasta su casa. Las autoridades hallaron el cadáver dos días después en un descampado dentro del mismo municipio. Dijeron que el alcalde fue severamente maltratado antes de darle muerte con un golpe de hacha en la frente.
Santiago es un municipio con alrededor de 50 mil habitantes, al sur de Monterrey. En 2007 fue declarado “pueblo mágico” por la Secretaría de Turismo. Entonces recibía unos 30 mil visitantes cada fin de semana, lo que sostenía buena parte de la economía local. “Era, para que me entienda, como Cuernavaca para los habitantes del DF”, sintetiza Montalvo.
El pueblo queda al pie de la Sierra Madre Oriental, lo que lo vuelve estratégico para operaciones criminales. En 2009 los habitantes comenzaron a ser víctimas de secuestro y extorsión, y muchos de los agentes de la policía local fueron victimados a tiros. Cavazos asumió el cargo de presidente municipal el 31 de octubre de ese año. De un cuerpo de seguridad pública de 180 integrantes, sólo continuaron 85, y de ellos, dice el profesor Montalvo, quedan sólo 10.
“En un periodo de seis a ocho meses mataron a 16 policías, a un guardia municipal, al licenciado Edelmiro, y antes de eso la Dirección de Tránsito tiene a cinco o seis elementos desaparecidos. El municipio tuvo que pagar funerales y hospitalizaciones, y eso nos sacó de ritmo forzosamente. Impactó de una manera tremenda”, asegura.
La Procuraduría estatal presentó dos días después de que se halló el cuerpo de Cavazos a siete presuntos partícipes del secuestro y asesinato; seis eran policías municipales y uno agente de Tránsito. Tras ello, el Ejército y las policías Federal y estatal se encargan de la seguridad. Sin embargo, dice Montalvo, el miedo no se ha ido y la economía del pueblo sigue desplomada.
“Posiblemente puedo sentir miedo, pero el detalle es que yo estoy trabajando bien, yo estoy haciendo las cosas bien, no estoy metiéndome en problemas de otra índole. Yo estoy preocupado por la administración, por el progreso de nuestro municipio y siento que si yo estoy haciendo bien las cosas y alguien quiere hacerme daño, así traiga cuatro o seis guardias, lo va a hacer”.
La plaza principal del poblado es vigilada por hombres armados vestidos de civil. Son parte de la guardia que vigila una casona azul, en remodelación, en el 107 de la calle Morelos. Es la residencia que pensaba ocupar Edelmiro Cavazos con su familia. Los alrededores del pueblo siguen registrando asesinatos y enfrentamientos a tiros; los secuestros persisten, y aunque el alcalde dice que son “gente de fuera”, el discurso que ofreció a los niños de primaria fue motivado, reconoció él mismo, por el ánimo desesperanzador por el que atraviesan los ciudadanos.
Vida municipal trastocada
La joya turística de Nuevo León no está sola en la zozobra que deja el asesinato de su alcalde. Otros 12 municipios en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas vivieron una historia similar en este año. La agenda pública en cada uno de ellos se alteró, afectando a sus pobladores, dice Jorge Alarcón, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México (Ammac).
“Con los asesinatos de alcaldes no sólo se trastoca la seguridad colectiva y personal del municipio y sus autoridades —explica—. Quien sustituye a un alcalde asesinado evidentemente lo hace con gran temor. ¿Y esto cómo trastoca? Lo hace de manera brutal. Pongo como ejemplo el caso de El Naranjo, San Luis Potosí: el alcalde Alexánder López García gestionaba recursos federales cuando fue asesinado. Con su muerte, la Federación los suspendió y el impacto por lo tanto es colectivo”.
Parte de la fragilidad municipal radica en la descoordinación entre niveles de gobierno. El que no haya acuerdos comunes entre municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal, terminó con pueblos y ciudades bajo dominio criminal, afirma Alarcón. “Más allá de pensar en una policía bajo mando único, tema recurrente del gobierno federal cuando se habla de debilidad municipal, lo que debe ocurrir es una mayor coordinación y mayores fondos, y que entonces la policía de mando único quede como apoyo subsidiario para los municipios que lo requieran”, dice.
Alarcón cita cifras para ilustrar la falta de apoyo a municipios y la subsecuente debilidad en que se encuentran. El Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), por ejemplo, lo reciben 300 de los 2 mil 400 municipios del país. Y del total, 400 carecen de un cuerpo de seguridad pública. “Así no puede funcionar ningún protocolo de seguridad para los alcaldes. Se requiere de coordinación y también de un diagnóstico a fondo para ver dónde y cómo aplicarlo”.
Los 13 alcaldes asesinados en 2010 son la parte más dramática de esa condición vulnerable. Pero un diagnóstico de la Comisión para el Desarrollo Municipal del Senado de la República establece que otros 70 funcionarios municipales viven bajo amenaza o han sobrevivido a atentados, y que muchos más, cientos de ellos, no se atreven siquiera a denunciar por miedo.
“La situación es delicada para la vida política de los municipios porque además de deteriorarse la capacidad de maniobra, ha bajado sensiblemente la participación ciudadana en los asuntos político-partidistas. Esta violencia no alienta a ciudadanos de éxito a participar en la vida pública, y como consecuencia el nivel de la calidad en la función pública municipal se reduce a propósitos personales”, dice Ramón Galindo Noriega, titular de la comisión.
Más grave todavía resulta el mensaje que se envía con tanta fragilidad, agrega. El hecho de que los asesinatos, atentados y amenazas queden impunes y no se garantice la seguridad de los funcionarios municipales, afecta el ánimo colectivo. “Es un mensaje terrible porque con esto vemos que el gobierno no es capaz de protegerse a sí mismo y por consiguiente no puede hacerlo con la ciudadanía”, dice.
Restablecer el orden y la seguridad requiere de dos facetas, de acuerdo con Galindo. La primera de ellas ya se realiza: es la combinación de recursos para obra y seguridad pública y la presencia operativa de militares y fuerzas de policía. Pero la segunda está pendiente. “Lo que no se ha hecho es dotar de poder gradual y diferenciado a los municipios para que sean ellos mismos los que vayan encontrando sus propias estrategias de seguridad. Mientras ello no suceda —y esto corresponde hacerlo al Legislativo—, tendremos en el paredón del crimen organizado a cientos de municipios”, sostiene.
Delitos se “federalizan”
El asesinato de alcaldes y la amenaza que se ciñe sobre otros funcionarios se explica justo en la pérdida de control de las instituciones, dice Samuel González, consultor internacional en materia de crimen organizado. “Es verdad que debe considerarse la confrontación entre organizaciones criminales para explicarnos lo que sucede, pero también la manera en cómo ha operado la Federación a la hora de tratar a los jefes de policía y a los procuradores en los primeros años de la administración. Eso provocó que muchos gobernadores soltaran las riendas de la seguridad y empezaron a decir que la delincuencia organizada ya sólo corresponde combatirla al gobierno federal”, asegura.
Delitos como el robo de vehículos, la trata, el secuestro, la extorsión y el asesinato, todos del fuero común, se federalizaron en la práctica, dice González. El hecho de que los procuradores estatales evadan la responsabilidad de perseguir a los criminales, desembocó en el estado actual, caótico y violento.
“¿Qué es lo que está haciendo un miembro de la delincuencia organizada ante tal escenario? Pues comete muchos delitos además del narcotráfico: roba, secuestra, extorsiona. Es decir, no por ser parte de la delincuencia organizada no cometen delitos del fuero común. Atacar eso es responsabilidad de los gobernadores, y los gobernadores que abdicaron de esa función son los que generaron mayores problemas de choque y sus entidades registran esta concentración de ataque y sometimiento a la autoridad municipal”.
La evasión de responsabilidad referida por González llega incluso a niveles de prevención del delito. En Guadalupe, municipio de la zona metropolitana de Monterrey con más de 700 mil habitantes, la policía no opera estrategias de combate al narcomenudeo, justificándose en la “federalización” del crimen. Esa conducta fue en parte lo que motivó la detención de 17 agentes municipales a mediados de diciembre, y que el Ejército y la Agencia Estatal de Investigaciones sitiaran sus instalaciones.
En meses recientes, presuntos narcotraficantes estallaron una granada de fragmentación frente al edificio administrativo del municipio; asesinaron a cuatro policías y tirotearon la camioneta blindada del secretario del ayuntamiento. Pero ninguno de esos casos deben tomarse como ataques a la autoridad, aclara Ivonne Álvarez, edil de Guadalupe, de 32 años. “Yo estoy tranquila, no tengo ningún temor. Nosotros hacemos nuestro trabajo bien, de manera honrada, por eso no creemos que podamos ser víctimas de un ataque. Hasta hoy no hemos recibido amenazas. Dios me protege”, dijo un día antes de que su policía municipal fue tomada por militares y agentes estatales.
“Mucha de la culpa de lo que sucede es la actitud irresponsable de algunos alcaldes, pero sobre todo de los gobernadores, que se escudan en una falsa federalización del delito para no combatirlo”, dice el senador Galindo.
“Un ejemplo claro es lo que estamos viendo en Nuevo León, con todo lo que representa ese estado: está en quiebra, con una deuda de 39 mil millones de pesos. Y si Nuevo León recibe granadazos, les asesinan alcaldes y tiene municipios sometidos por la delincuencia organizada, ¿qué pueden esperar otros municipios en entidades más pobres? El panorama es simplemente terrible”.
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