La titular de Inmujeres sostuvo que los magistrados no aplicaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia
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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero.- Ignorancia, falta de sensibilidad, desconocimiento de las leyes, falta de aplicación de leyes y desconocimiento de pruebas y testimonios fue lo que llevó a los tres jueces de Chihuahua en el caso de Rubí Marisol Freire a absolver a su asesino, Sergio Rafael Barraza Bocanegra advierten especialistas en perspectiva de género y leyes.
Después de que los jueces que formaron parte del jurado en el sistema de justicia penal acusatorio de Chihuahua en un tribunal de Ciudad Juárez, aseguraron en conferencia de prensa en la Ciudad de México que 'no había pruebas suficientes para condenar al inculpado, porque no estaba acreditada la confesión', diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil reaccionaron.
La señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización 'Alto al Secuestro' llegó a pedir que se frenara la implementación del sistema penal acusatorio por considerarlo riesgoso para las víctimas de los delitos y promotor de la impunidad por la forma en que se estaba operando en Chihuahua.
Los especialistas sostuvieron que los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Juez Rafael Boudid, 'sí tienen responsabilidad en la sentencia, pues un tribunal de casación que es de segunda instancia de inmediato y con las mismas pruebas presentadas por el fiscal determinó que había elementos suficientes para condenar al presunto homicida Sergio Rafael Barraza Bocanegra'.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán dijo en entrevista que si bien se trata de un sistema de justicia penal nuevo, y la perspectiva de género obliga ver las cosas desde un punto de vista diferente, 'eso no justifica una mala decisión ni el hecho de que se excluya la aplicación de una ley, mucho menos podría pensarse en que está en un periodo de aprendizaje'.
La titular de Inmujeres sostuvo que los jueces no aplicaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que atiende a las mujeres y a los menores de edad, a pesar de que en este caso, Marisol era menor de edad, era mujer y víctima de violencia intrafamiliar.
García Gaytán consideró inconcebible el hecho de que tres jueces coincidan tan plenamente en un error tan grave, pero más aún, dijo 'es grave que en el grupo de jueces había una mujer que demostró que un cuerpo de mujer no garantiza sensibilidad para que exista la perspectiva de género en una decisión'.
Los jueces en su conferencia de prensa de hace una semana habían dicho que la confesión del acusado, Sergio Rafael Barraza Bocanegra no podía acreditarse jurídicamente, porque no había sido frente al juez o frente al fiscal, y aseguraron que el fiscal no presentó otras evidencias en contra del acusado.
La propia jueza Catalina Ochoa había señalado que aún después de que la señora Maricela Escobedo fue asesinada 'la sentencia absolutoria para el presunto homicida, no mató a nadie y no lo declaramos inocente, sino que no había pruebas suficientes para condenarlo'.
El doctor Samuel Gonzáles Ruiz, académico y jurista sostuvo que todas las evidencias del caso estaban debidamente documentadas, los testimonios de un menor, de las vecinas, de otras personas, incluso del padre del acusado apuntaban a un mismo autor de los hechos.
Ambos coincidieron al señalar que los jueces incluso utilizaron las palabras y acusaciones de la señora ahora también fallecida, Maricela Escobedo, madre de la primera víctima, quien señalaba que la pareja de su hija y acusado del crimen Sergio Barraza 'miente y alardea constantemente'.
Los dos especialistas, aseguraron que la acusación de la madre de la primera víctima fue utilizado en sentido inverso, pues los jueces consideraron y asentaron en su sentencia que el acusado mentía al señalar que él había matado a la joven Marisol y alardeaba ante sus familiares y amigos por sentirse superior y haber asesinado a su compañera sentimental.
Puntualizaron que se trata de una responsabilidad clara de los jueces, además el jurista sostuvo que de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces sí son sujetos de un juicio político aunque ellos sostengan lo contrario, pero más aún, 'lo grave de este asunto es que un juicio político solamente podría llevarlos a su inhabilitación y retiro de sus cargos'.
Ambos consideraron que si bien los jueces aseguraron que 'nuestra decisión no mató a nadie', las consecuencias de su decisión, de la sentencia, obligaron a la señora Maricela Escobedo a demandar y exigir airadamente que se hiciera justicia y de no haber permanecido expuesta al asecho de los criminales no hubiese sido asesinada en el mes de diciembre pasado.
Samuel González Ruiz, señaló que en la sentencia de los jueces del 4 de mayo pasado, éstos reconocen que 'el Ministerio Público les dijo que estaban frente a un homicidio de género por ser mujer y por ser menor de edad, y que era preciso probar estos hechos con elementos de género', situación que los obligaba a aplicar las leyes mexicanas en la materia y los instrumentos internacionales que México ha suscrito.
La titular de Inmujeres y el jurista coincidieron en que los jueces estaban obligados a conocer esas normas nacionales e internacionales, saber cuándo y de que forma deben aplicarse, pero sobre todo, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, que vive desde hace décadas una situación de violencia hacia las mujeres que ha impulsado en México la aplicación de este tipo de normas con perspectiva de género.
Después de que los jueces que formaron parte del jurado en el sistema de justicia penal acusatorio de Chihuahua en un tribunal de Ciudad Juárez, aseguraron en conferencia de prensa en la Ciudad de México que 'no había pruebas suficientes para condenar al inculpado, porque no estaba acreditada la confesión', diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil reaccionaron.
La señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización 'Alto al Secuestro' llegó a pedir que se frenara la implementación del sistema penal acusatorio por considerarlo riesgoso para las víctimas de los delitos y promotor de la impunidad por la forma en que se estaba operando en Chihuahua.
Los especialistas sostuvieron que los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Juez Rafael Boudid, 'sí tienen responsabilidad en la sentencia, pues un tribunal de casación que es de segunda instancia de inmediato y con las mismas pruebas presentadas por el fiscal determinó que había elementos suficientes para condenar al presunto homicida Sergio Rafael Barraza Bocanegra'.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán dijo en entrevista que si bien se trata de un sistema de justicia penal nuevo, y la perspectiva de género obliga ver las cosas desde un punto de vista diferente, 'eso no justifica una mala decisión ni el hecho de que se excluya la aplicación de una ley, mucho menos podría pensarse en que está en un periodo de aprendizaje'.
La titular de Inmujeres sostuvo que los jueces no aplicaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que atiende a las mujeres y a los menores de edad, a pesar de que en este caso, Marisol era menor de edad, era mujer y víctima de violencia intrafamiliar.
García Gaytán consideró inconcebible el hecho de que tres jueces coincidan tan plenamente en un error tan grave, pero más aún, dijo 'es grave que en el grupo de jueces había una mujer que demostró que un cuerpo de mujer no garantiza sensibilidad para que exista la perspectiva de género en una decisión'.
Los jueces en su conferencia de prensa de hace una semana habían dicho que la confesión del acusado, Sergio Rafael Barraza Bocanegra no podía acreditarse jurídicamente, porque no había sido frente al juez o frente al fiscal, y aseguraron que el fiscal no presentó otras evidencias en contra del acusado.
La propia jueza Catalina Ochoa había señalado que aún después de que la señora Maricela Escobedo fue asesinada 'la sentencia absolutoria para el presunto homicida, no mató a nadie y no lo declaramos inocente, sino que no había pruebas suficientes para condenarlo'.
El doctor Samuel Gonzáles Ruiz, académico y jurista sostuvo que todas las evidencias del caso estaban debidamente documentadas, los testimonios de un menor, de las vecinas, de otras personas, incluso del padre del acusado apuntaban a un mismo autor de los hechos.
Ambos coincidieron al señalar que los jueces incluso utilizaron las palabras y acusaciones de la señora ahora también fallecida, Maricela Escobedo, madre de la primera víctima, quien señalaba que la pareja de su hija y acusado del crimen Sergio Barraza 'miente y alardea constantemente'.
Los dos especialistas, aseguraron que la acusación de la madre de la primera víctima fue utilizado en sentido inverso, pues los jueces consideraron y asentaron en su sentencia que el acusado mentía al señalar que él había matado a la joven Marisol y alardeaba ante sus familiares y amigos por sentirse superior y haber asesinado a su compañera sentimental.
Puntualizaron que se trata de una responsabilidad clara de los jueces, además el jurista sostuvo que de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces sí son sujetos de un juicio político aunque ellos sostengan lo contrario, pero más aún, 'lo grave de este asunto es que un juicio político solamente podría llevarlos a su inhabilitación y retiro de sus cargos'.
Ambos consideraron que si bien los jueces aseguraron que 'nuestra decisión no mató a nadie', las consecuencias de su decisión, de la sentencia, obligaron a la señora Maricela Escobedo a demandar y exigir airadamente que se hiciera justicia y de no haber permanecido expuesta al asecho de los criminales no hubiese sido asesinada en el mes de diciembre pasado.
Samuel González Ruiz, señaló que en la sentencia de los jueces del 4 de mayo pasado, éstos reconocen que 'el Ministerio Público les dijo que estaban frente a un homicidio de género por ser mujer y por ser menor de edad, y que era preciso probar estos hechos con elementos de género', situación que los obligaba a aplicar las leyes mexicanas en la materia y los instrumentos internacionales que México ha suscrito.
La titular de Inmujeres y el jurista coincidieron en que los jueces estaban obligados a conocer esas normas nacionales e internacionales, saber cuándo y de que forma deben aplicarse, pero sobre todo, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, que vive desde hace décadas una situación de violencia hacia las mujeres que ha impulsado en México la aplicación de este tipo de normas con perspectiva de género.
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