20 de abril de 2011
El secuestro es un delito que ha asolado a las familias de México desde hace más de una década y al cual no se le han hallado soluciones definitivas. Las autoridades responden creando leyes, fiscalías especializadas y nuevas policías; sin embargo la sociedad sigue en espera de mejores resultados.
El secuestro es un delito que ha asolado a las familias de México desde hace más de una década y al cual no se le han hallado soluciones definitivas. Las autoridades responden creando leyes, fiscalías especializadas y nuevas policías; sin embargo la sociedad sigue en espera de mejores resultados.
El año pasado fueron denunciados en todo el país mil 216 secuestros, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Si añadimos a esa cifra el cálculo de la CNDH de que 75% de las privaciones ilegales de libertad no llegan a manos del MP, tenemos un problema enorme.
Las personas son renuentes a denunciar por la incompetencia y posible complicidad de las procuradurías y juzgadores. Por ello, parte de lo que hace falta hacer es contribuir a la confianza en las autoridades al garantizar el resarcimiento del daño. Este es un aspecto que —al menos en el papel— está avanzando en el Distrito Federal.
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer la creación de la Ley de Atención de Víctimas de Secuestro, con la que se busca la restitución del pago del rescate, además de indemnización por daños psicológicos y físicos. Los jueces podrán incautar los bienes y dinero de los delincuentes. Asimismo, las instituciones de seguridad social o el empleador cubrirán el salario del secuestrado mientras estuvo cautivo .
Era un absurdo que a pesar de detener a los secuestradores al momento de cobrar un rescate, ni siquiera así le fuera devuelto el dinero a las víctimas. Sin embargo, legisladores y gobierno del Distrito Federal deberán tener cuidado con el manejo de la nueva medida. La razón por la cual este tipo de resarcimiento económico no existe en la legislación federal y en otras del mundo —sino sólo ayuda médica y psicológica— es porque dar dinero es un incentivo para las personas fraudulentas que buscan acreditarse como víctimas sólo con fines económicos.
Las reservas antes mencionadas no implican dejar de buscar la indemnización, simplemente que la ley no deberá permitir esta clase de abusos. Una vez probada la experiencia quizá pueda extenderse a otros estados e incluso a nivel federal.
Por sí mismo un cambio legislativo no reducirá el secuestro ni garantizará el resarcimiento total a las víctimas pero sin duda se trata de una iniciativa alentadora. Lo más que se había avanzado era en la extinción de dominio de los bienes de los criminales , recursos cuyo destino no llegaba a los afectados.
Es de celebrar cualquier esfuerzo que contribuya a que las víctimas retomen lo mejor posible su vida antes del secuestro.
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