Destacaron la carencia de una reglamentación para tomar parte en labores relacionadas con seguridad pública; arguyen falta de certeza jurídica; la Marina considera retirarse de regiones sin costa
Aurora Vega
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio.- La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que los militares serán juzgados por tribunales civiles —y no de guerra— en casos de violación a los derechos humanos de civiles. Este fallo causó indignación y preocupación en las Fuerzas Armadas, confirmaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México (Semar).
A falta de una reglamentación para operar en las calles, los institutos armados han considerado que modificarán su modo de actuar. En el caso de la Semar, se considera la probabilidad de un repliegue de tropas en zonas de Tamaulipas, Guerrero y Coahuila que no tienen costas.
“Mientras no tengamos algo que nos proteja no podremos seguir atendiendo las denuncias ciudadanas”, aseguró a Excélsior un general del Ejército mexicano.
Un contralmirante ejemplificó: “Si actuamos y se nos acusa, se dará a conocer el nombre de los elementos. Eso pone en peligro la vida del militar y su familia”.
“Hay muchas denuncias de delincuentes que dicen que vulneramos sus garantías para evadir a la justicia”, apuntó un coronel.
Según fuentes militares, hablarán con senadores para pedirles un marco jurídico de acción.
Preocupa a sector militar determinación de la Corte
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de que los militares sean juzgados en tribunales del fuero común por violentar derechos humanos de civiles ha provocado enojo y preocupación en las Fuerzas Armadas.
Es así que ante la carencia de una reglamentación para operar en las calles en tareas de seguridad pública, los militares han decidido modificar sus acciones, confirmaron funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar).
Entrevistados por Excélsior, desde generales y almirantes hasta elementos de tropa y contramaestres indicaron que la decisión de la SCJN causó molestia, porque ha quedado demostrado que en los casos en los que militares han vulnerado los derechos humanos se ha castigado y procesado al personal.
“Hemos reconocido cuando eso ha ocurrido. Los casos ahí están y están los procesos, y hay un adiestramiento constante sobre derechos humanos. Sabemos cómo actuar, es una constante, se habla de derechos humanos de los civiles y cuando se vulneran se procesa a los elementos.
“Pero hay muchas denuncias de los delincuentes que para evadir la justicia dicen que vulneramos sus garantías, y argumentan sus derechos humanos y ahí están: salen libres y no puedes explicar cómo un delincuente al que le encuentras armas y droga tiene para pagar abogados y salir libre”, dijo un coronel.
Luego de la determinación de la Suprema Corte, fuentes castrenses informaron que se considera que por ahora elementos de la Marina dejen de operar contra del crimen organizado en varias zonas, debido a que se carece del sustento jurídico para despligues en tierra.
Esas fuentes hablaron de un repliegue en Piedras Negras e Hidalgo, Coahuila; en Altamirano, Guerrero, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Elementos castrenses confirmaron que la Semar regresaría a su tarea original de vigilancia de las costas y los mares mexicanos.
La determinación de la Corte también provocó entre los militares incertidumbre, al opinar que además de actuar con cautela no podrán atender las denuncias ciudadanas.
“Mientras no tengamos algo que nos proteja no podremos seguir atendiendo las denuncias ciudadanas, porque nosotros podemos llegar a una casa de seguridad y aunque se diga que ahí están torturando gente, o que hay personas secuestradas, no podremos entrar porque no tenemos una orden de cateo y no estamos facultados”, indicó un general.
Integrantes de las Fuerzas Armadas manifestaron además que existe evidencia de que el crimen organizado esta atrás de muchas violaciones a los derechos humanos.
“Si actuamos y se nos acusa de alguna violación (a los derechos humanos), aunque no se haya dado, es un hecho que se tiene que dar a conocer el nombre o nombres de los elementos que participaron en alguna acción y sus direcciones personales; con eso ponemos en peligro la vida no solo del militar, sino de su familia”, dijo un contralmirante.
De acuerdo con fuentes militares, el titular de la Sedena, Guillermo Galván, pidió a los generales Jaime Juárez González, jefe de asesores del general secretario; Ezequiel Hernández Mendoza, jefe de Estrategias; Ezequiel Hernández Méndez, subjefe de la Doctrina Militar, y Ramón Cardona Landa, subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística de esa dependencia federal, acudir al Senado de la República.
El objetivo es pedir a los legisladores la aprobación de una ley que pueda dar certidumbre jurídica a la actuación de los militares en los operativos contra el narco y el crimen organizado.
La delincuencia promueve protestas contra operativos
Con manifestaciones promovidas con recursos ilícitos y con la creación de organizaciones apócrifas que supuestante defienden los derechos humanos, el crimen organizado y los cárteles de la droga han tratado desde 2009 que las Fuerzas Armadas dejen la labor que se les ha asignado en materia de seguridad pública.
Según averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de capturas de integrantes del crimen organizado, grupos criminales promueven manifestaciones para pedir el regreso de los militares a los cuarteles, de tal manera que las protestas parezcan surgidas de la sociedad.
Muestra de ello son los llamados “tapados de Monterrey”, quienes desde diciembre del 2008 iniciaron una serie de movilizaciones en esa ciudad.
Se trataba de un centenar de jóvenes con el rostro cubierto que bloquearon las principales avenidas.
Según autoridades federales, los manifestantes eran de colonias pobres, a los que se les pagó entre 200 y 500 pesos.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quienes pagaron las manifestaciones fueron miembros del cártel del Golfo.
En Michoacán, el 21 de abril de 2009, Rafael Cedeño Hernández, líder “moral” de la organización criminal La Familia, encabezó una protesta contra el Ejército.
Incluso se ostentó como abogado y exigió el regreso de los soldados a los cuarteles: “El pueblo está cansado de esta invasión militar. Estamos viviendo un estado de sitio”, dijo ese día.
De alta prioridad
Francisco Blake afirmó que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es de alta prioridad para fortalecer la actuación de las instituciones en la materia.
El secretario de Gobernación indicó que dichos cambios permitirían un marco jurídico acorde a la nueva realidad que vive el país, lo cual beneficiaría a las fuerzas armadas y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Al argumentar la conveniencia de reformar la Ley de Seguridad Nacional, Blake expuso que con ello se busca poner reglas claras para que el jefe del Ejecutivo federal ejerza su atribución constitucional para disponer de las Fuerzas Armadas.
Puntualizó que con esta reforma “daremos claridad y mayor eficacia a la actuación del Ejército, al tiempo que fortalecemos la defensa de los derechos humanos.
